domingo, 23 de julio de 2017

Una juez argentina persigue a Martín Villa, “la porra de la Transición”, por los crímenes del franquismo mientras el Gobierno de Rajoy le sostiene y el rey le condecora.


        Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación cuando se celebraron las elecciones del 15 junio de 1977. 

La juez argentina, María Romilda Servini De Cubría, ha ordenado una vez más la detención del exministro español, Rodolfo Martín Villa, para tomarle declaración por los delitos de crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista por los que es investigado, rechazando así la decisión tomada el pasado 13 de  julio por la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires que revocó un primer mandato de arresto. La magistrada argentina investiga al que fuera ministro de Gobernación entre 1976 y 1979 y a otros ex altos cargos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del franquismo por delitos de lesa humanidad, a raíz de la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y familiares, conocida como la 'Querella Argentina' y respaldada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). Los abogados del exministro pidieron al Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires del que es titular María Servini poder prestar declaración indagatoria sin tener que ser detenido ni ingresar en prisión. Sin embargo, la juez denegó esta petición el 7 de junio de 2017. Posteriormente, la defensa de Martín Villa interpuso una recurso que fue estimado el pasado 13 de julio al entender que la orden internacional dictada por la magistrada Servini es “infundada” porque no abordó de forma correcta el espacio temporal ni el contexto que rodeó a los hechos atribuidos al exministro español. Pero la juez argentina tardó tan sólo un día en dictar una nueva resolución en la que, a lo largo de 55 páginas, concreta los motivos por los que considera que Martín Villa debe ser detenido. Entre ellos, subraya que el exministro está investigado por “graves delitos” de homicidio y crímenes de lesa humanidad que se produjeron en el marco de una “política de Estado sistemática impuesta por los golpistas como consecuencia de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. María Servini reprocha en la resolución que en España “reina” una “absoluta impunidad” porque los tribunales “nunca han investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos en España a partir de 1936”. Además, recuerda que Martín Villa ordenó la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria que tuvo lugar el 3 de marzo de 1976  –donde murieron cinco personas y más de un centenar resultaron heridas– y se encuentra investigado por su presunta responsabilidad en seis homicidios cometidos entre 1976 y 1977. Pese a que el exministro ha manifestado en varias ocasiones su intención de declarar ante la juez argentina para defenderse de los hechos de los que se le acusa, Servini afirma que éste muestra una “contumaz posición” para eludir la justicia, ya que, desde octubre de 2014, no se le ha podido tomar declaración indagatoria, “trámite necesario para acordar, en su caso, su procesamiento”.

      Los exministros, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz Gallardón.

A principios del 2015, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, archivó la petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) de ordenar la detención de los 19 acusados por la juez argentina María Servini de crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre los que se encuentran los exministros José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa. Las diligencias fueron abiertas a propósito de las órdenes de detención con fines de extradición requeridas por Argentina por la falta de legitimación activa de la asociación. El magistrado explicó que las asociaciones tienen “vedada”  la participación en el proceso extradicional puesto que este queda reservado a los Estados, en virtud del Convenio de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España en 1987, así como de la Ley de Extradición Pasiva. En el auto, el magistrado explicó que este expediente se archivaba, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia cursase una petición formal de extradición en caso de recibirla por el juzgado de Buenos Aires. “Esta cuestión es ajena a esta Audiencia Nacional, que solo participa en la parte judicial y no en la parte política del proceso extradicional”. En este sentido, se refería al hecho de que el Juzgado Nacional de Buenos Aires hubiera solicitado la detención de los acusados vía Interpol pero no había remitido más documentación al Ministerio de Justicia sobre una petición formal de extradición. En el escrito, la asociación, integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), denunció ante el juzgado de Velasco el “incumplimiento grave” por parte de las autoridades policiales españolas de la legislación vigente y la “omisión escandalosa y disconforme a derecho” del Ministerio del Interior al no poner a disposición judicial a los requeridos por Servini. La sección argentina de Interpol pidió en noviembre de forma “urgente” la detención preventiva con fines de extradición, pero la oficina de Madrid protestó ante la Secretaría General con sede en Lyon, que aceptó la queja. “Dichas autoridades –explicaron– no solo incumplen con su obligación de poner a disposición judicial a los requeridos por el juzgado argentino, sino que remiten las órdenes de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano ajeno e incompetente para tramitar y ejecutar las citadas órdenes por cuanto su actuación se produciría una vez que los imputados fueran puestos a disposición judicial”.

La jueza Servini De Cubria ordena detener a MarínVilla en los crímenes del franquismo.

La magistrada María Servini imputó el pasado noviembre a Martín Villa, a Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia, a otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, a ex jueces y hasta a un antiguo ginecólogo. Entre los políticos, se encontraban los exministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último Gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre. Acusó a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa. A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco obreros y hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego. Al exministro de Presidencia, Antonio Carro, le denuncia de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista, el 27 de septiembre de 1.975, en Madrid, Barcelona y Burgos, en los que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Angel Otaegui Echeverría. Se dirigió contra Sánchez Ventura por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernando Suárez, mientras que Osorio fue acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria. Además de estos cargos políticos, la querella se dirigió contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores. A petición de la Fiscalía, imputó a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), a Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas: a Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y a Atilano del Valle. La Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía, Antonio González Pacheco 'Billy el niño' y al excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, por estar prescritos sus delitos.

      Argentina ordenó detener al exmnistro Martin Villa y a otros 19 imputados por los crímenes del franquismo.

María Romilda Servini, la jueza argentina que investiga la causa, aguarda a que el Ministerio de Justicia responda al auto enviado el 9 de marzo de 2016. Y exhorta al Estado español a que le permita interrogar en España a 19 acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista, entre los que se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, y los policías Antonio González Pacheco, conocido como Billy el niño, y Jesús Muñecas. La magistrada pide que su declaración sea cursada a la Audiencia Nacional para que pueda realizar la toma de declaraciones entre los próximos 4 y 22 de abril. Se traslada a España en esas fechas para interrogar a los querellados dentro de la instrucción de la causa contra los crímenes franquistas. “Nos hemos movido mucho en este asunto, pero no tenemos información ni novedades desde el Gobierno español”, señala de manera diplomática una secretaria de la jueza desde los juzgados de Buenos Aires. El viaje de la magistrada argentina “se mantuvo en el aire” al no haber recibido respuesta por parte de las autoridades españolas. Retrasó los interrogatorios a los que no renunció, pese al escaso entusiasmo mostrado por el Estado en facilitar la instrucción. El auto fue enviado desde Buenos Aires el pasado 18 de febrero y la Embajada española lo recibió el 9 de marzo. Desde esa fecha obra en poder del Ministerio español de Justicia que, a su vez, debería de trasladarlo a la Audiencia Nacional para que dispusiera lo necesario a fin de proceder a los interrogatorios. Pero, desde el Ministerio respondieron con un escueto “el Gobierno conoce y está estudiando la solicitud de la jueza Servini, a la que dará contestación cuando proceda”. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no fue especialmente proactivo en esta causa que padeció diferentes contratiempos, siendo ralentizada al máximo. Desde la plataforma Goldatuz, uno de los colectivos que impulsó la querella contra los crímenes franquistas, su portavoz, Josu Ibargutxi, asegura estar convencido de que “en julio o a vuelta de verano, la jueza Servini insistirá en tomar declaración a los diecinueve acusados”. Tras la negativa del Estado español a la extradición de los acusados para ser juzgados en Argentina, la doctora Servini siguió adelante con la causa a pesar de las complicaciones añadidas. Argentina es competente en este caso, al enmarcar los hechos en crímenes de lesa humanidad. En 2014 ordenó detener a los policías, presuntamente torturadores, Billy el niño y Antonio González Pacheco pero la Audiencia Nacional española rechazó su extradición por estar prescritos sus delitos. A Rodolfo Martín Villa le considera responsable político de los asesinatos de los 5 obreros del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, mientras que al también exministro, Jesús Utrera, le acusa de firmar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974, mediante el garrote vil. La magistrada invocó el artículo 40 del tratado de extradición y asistencia judicial firmado entre España y Argentina a fin de arbitrar los medios necesarios para tomar declaración a los investigados e instar en las comparecencias a que aclaren respuestas confusas o incompletas, así como repreguntar las cuestiones que no hayan sido debidamente contestadas.


El 17 de noviembre de 2014, Rodolfo Martín Villa aparecía en público por primera vez desde que la jueza Servini cursara la orden de detención internacional contra él y otros 19 altos cargos del franquismo. Ese día, Martín Villa acudió a un acto de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el que compartió mesa con el rey Juan Carlos de Borbón y con Marcelino Oreja. A pesar de la orden de detención, el Gobierno español de Mariano Rajoy paralizó, de momento, todos los trámites. Una vez más, gracias a la Ley de Amnistía de 1977. En concreto, Rodolfo Martín Villa fue acusado de la muerte de cinco trabajadores en los llamados “sucesos de Vitoria” del 3 de marzo de 1976. En el trascurso de una huelga, los trabajadores se reunieron en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero de Zaramaga, en la capital alavesa. La policía, que tenía órdenes de desalojar a los manifestantes, lanzó gases lacrimógenos en el interior del edificio. A la salida del templo, disparó contra la multitud y asesinó a cinco de ellos. Al menos 150 personas resultaron heridas de bala. En esos tiempos, Martín Villa ejercía funciones de ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro. La querella argentina lo considera responsable directo de lo sucedido. Una responsabilidad que, según dictaminó una comisión del Gobierno vasco, en 2008, también comparte el difunto Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación. En la demanda argentina, junto a Martín Villa se pedía también la detención de José Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Antonio Carro y Antonio Barreda, acusados de firmar la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich. Antonio Carro también fue acusado de validar la muerte de los tres integrantes del FRAP y los dos de ETA fusilados el 27 de septiembre de 1975. Al resto de citados se les acusó de torturas contra militantes antifranquistas. A estos casos hay que sumar las anteriores pesquisas, frenadas también por el Gobierno, contra el expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas. Otra de las acusaciones que pesan sobre Martín Villa es su responsabilidad en el incendio del teatro Scala de Barcelona en 1978, cuando era ministro de Gobernación durante el mandato de Adolfo Suárez. Martín Villa siempre había mostrado una especial animadversión hacia el anarquismo. Se cuenta que llegó a manifestar que para él era más preocupante el movimiento libertario que ETA. La represión que se ejerció contra la CNT, así como las posteriores escisiones, dejaron mermadas las fuerzas de una de las centrales sindicales que no habían entrado en el juego de la Transición. Tras su paso por la política, Martín Villa se dedicó a los negocios. Entre 1997 y 2002 fue presidente de Endesa, cuando la empresa todavía era parcialmente pública. Durante su gestión, se completó la privatización. En 2004, fue nombrado presidente de Sogecable, cargo que ocupó hasta 2010.

Martín Villa, "la porra de la transición"

Lo cierto es que todas las órdenes de detención cursadas dentro de la querella argentina quedaron frenadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno se amparó en la Ley de Amnistía de 1977, una norma que considera prescritos todos los crímenes franquistas, que sólo liberó a 89 presos mientras que dejó sin juicio a centenares de torturadores y responsables de crímenes durante el franquismo. Sin embargo, según denuncian organismos internacionales –como la propia ONU–, asociaciones de memoria y colectivos civiles, los crímenes del franquismo son de lesa humanidad, por lo no hay ley nacional que los haga prescribir. Las acusaciones sobre Rodolfo Martín Villa, conocido como “la porra de la Transición, no se limitan a la masacre de Vitoria y al incendio de la sala Scala de Barcelona. El famoso torturador Roberto Conesa –conocido por la captura y ejecución de la “Trece Rosas”, por las torturas realizadas, entre otros, a Marcelino Camacho y por su supuesta participación en el caso Scala– trabajó bajo las órdenes de Martín Villa cuando era ministro de la Gobernación. Otra de las acusaciones que pesan sobre el expresidente de Sogecable es su papel en el intento de asesinato del abogado canario, Antonio Cubillo, líder del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), en 1978. El mismo Cubillo, al regresar a España, en 1985, acusó directamente a Rodolfo Martín Villa del atentado. En su larga carrera fue comisionado del Gobierno en el caso del Prestige y también presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997).

Juan Miguel Baquero, autor de 'Que fuera mi tierra'.

Juan Miguel Baquero, premio Chaves Nogales 2016 por su libro sobre las exhumaciones del franquismo en Andalucía, premio al mejor libro periodístico del año, ha recopilado las historias que hay detrás de las exhumaciones realizadas en 2015, en Andalucía, por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta. El mismo nos cuenta cómo Servini ha ido contra Martín Villa en una disputa trasatlántica de tres años a cuenta de los crímenes del franquismo. “A miles de kilómetros –dice–, la magistrada y el político español protagonizan una pugna a cuenta de supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Es la única causa abierta en el mundo que investiga la dictadura de Francisco Franco. El capítulo más reciente se cubre con la reafirmación de Servini: si Martín Villa pisa Argentina, puede acabar entre rejas. Hace solo una semana, el exministro consiguió paralizar la orden de detención. La disputa continúa”. La pelea arrancó el 30 de octubre de 2014, cuando Servini dictó una orden internacional de detención preventiva y extradición contra Martín Villa. En su esfuerzo por anular las acciones de la justicia argentina (sin parecer que escurriera el bulto), el ex dirigente no solo ha contado con la acción de sus abogados sino que, además, ha tenido a su favor algunas decisiones judiciales en España. La Audiencia Nacional denegó un  exhorto diplomático librado el 23 de junio de 2016 para  interrogar a varios encausados –entre ellos Martín Villa– sobre un “pliego de preguntas”. Servini lo ve como parte del boicot español a la querella argentina. “Al día de la fecha no se ha puesto a derecho a pesar de los reiterados exhortos librados a fin de recibirle declaración indagatoria”, escribe la jueza. Aunque el acusado, en varias ocasiones, ha mostrado su deseo de viajar a Argentina a tal efecto porque asegura estar “muy tranquilo” con las acusaciones. Los abogados de Martín Villa buscaron que el acusado pudiera afrontar la declaración indagatoria sin riesgo a quedar arrestado. Quieren que acuda al Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (República Argentina) dirigido por María Servini de Cubría, que testifique y quede libre. Pero María Servini niega que el exministro franquista pueda eludir la entrada en prisión si declara ante un tribunal del país austral. Los principales motivos para rechazar la solicitud de la defensa son el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados. “Hechos atroces” según la investigación judicial. La magistrada que instruye esta causa peculiar movió ficha con una resolución. Martín Villa ya no tiene la opción de declarar en Argentina sin ser detenido.

Martín Villa recibe una condecoración de manos del rey. 

Servini ya ha rechazado la solicitud de exención de prisión (7 de junio) aunque la defensa de Martín Villa recurrió ante la Cámara Criminal y Correccional Federal bonaerense, que sí estimó la demanda (13 de julio) al poner en duda “el espacio temporal y el contexto” de los crímenes. Es decir, si se trata de “hechos puntuales” o, como aclara la jueza, de crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977, “en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. En la querella argentina está imputado por “la posible comisión de hechos atroces”. Caso de homicidios, sustracción de menores o privación ilegal de libertad calificada por la aplicación de torturas. “Ilícitos achacados” que no prescriben al tener consideración de crímenes de lesa humanidad. Los cargos están sustentados en casi 30 testimonios y denuncias personales y de asociaciones de derechos humanos. Y la jueza Servini imputó al exministro franquista crímenes de lesa humanidad sancionables “con las penas de reclusión o prisión perpetua”, según la legislación argentina. Así que el nuevo auto de la titular del juzgado bonaerense resuelve “no conceder el beneficio de exención de prisión”, promovido por la defensa de Martín Villa “bajo ningún tipo de caución”. Existe “riesgo procesal”, dice, “peligro de fuga” y elementos objetivos que presumen “que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”. Y mientras que, en la Argentina, Martín Villa sigue siendo un tipo peligroso y sospechoso,  en España,  acaba de ser  condecorado por el rey Felipe VI en el homenaje a los diputados constituyentes celebrado en el Congreso. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, evita pronunciarse sobre esta peculiar condecoración y defiende “mirar hacia adelante”.


El 31 de marzo pasado, el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba la retirada de la medalla de oro de la ciudad, su máxima distinción, al ex ministro de Gobernación y último gobernador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa. La retirada de la condecoración salió adelante con los votos del Gobierno municipal –formado por Barcelona en Comú y el PSC– y los del PDeCAT, ERC y la CUP. El PP fue el único partido que votó en contra, mientras que Ciudadanos prefirió optar por la abstención. Martín Villa perdía de esta forma la medalla que le fue otorgada en 1976 por el alcalde franquista, Joaquim Viola i Sauret. De esta forma se cumplía el objetivo que el Ejecutivo de Ada Colau llevaba casi un año planeando. Martín Villa intentó conservar su medalla mediante la presentación de un escrito de alegaciones en el que el ex gobernador civil de Barcelona consideraba que la retirada de la condecoración no estaba correctamente motivada, denunciaba su indefensión y defendía su contribución a la democracia. El Ayuntamiento rebatió estas alegaciones con un expediente en el que responsabiliza a Martín Villa de “la represión directa de los ciudadanos que participaban en la movilización de movimientos sociales democráticos de la época” y le considera “responsable político de persecuciones, maltratos, torturas y vejaciones de la dictadura”. .El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, celebró la retirada de la medalla de oro de la ciudad a una figura que “simboliza como nadie los turbios vínculos políticos y económicos entre la actual monarquía parlamentaria y el franquismo” y señaló que la determinación del Ayuntamiento barcelonés buscaba “reparar a las víctimas a las que Martín Villa aún no ha pedido perdón”. El concejal de la CUP aplaudió la determinación del Gobierno de Colau y subrayó la pertinencia de desvincular al Ayuntamiento de un personaje “conocido en algunos ámbitos como la porra del franquismo”. Por contra, el jefe de filas del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, acusó a Colau de “querer revocar la Transición española” con la retirada de la distinción al ex gobernador civil de la ciudad. También Carina Mejías se mostró contraria a “cuestionar decisiones que tomaron gestores en el siglo pasado” y rechazó la querencia de la alcaldesa de Barcelona por “hacer políticas de revancha e intentos de venganza para las que carece de legitimidad moral”. Sin embargo, la líder de Ciudadanos en la capital catalana prefirió que sus concejales se decantasen por la abstención. Con la retirada de esta medalla, Colau ahondaba en su política de gestos. Ya había retirado el nombre de José Antonio Samaranch de una escultura donada por el ex presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) para conmemorar los Juegos Olímpicos de Barcelona, y se ha cebado especialmente con la Monarquía. El salón de plenos del Ayuntamiento dejaba de llamarse Reina Regente para pasar a llevar el nombre de Carles Pi i Sunyer, alcalde de Barcelona durante la Segunda República. Sala de la que se retiró el busto del Rey Emérito, que también vio cómo se eliminaba del callejero de la ciudad la plaza Juan Carlos I.


El Ejército de Tierra publicaba el pasado 18 de julio una efemérides que recordaba el “alzamiento cívico-militar” de 1936. El ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa y miembro de Podemos, Julio Rodríguez, descubría el mismo martes, aniversario del golpe de Estado falangista, una fotografía de un documento de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº 61 en el que se conmemoraba la efeméride del 18 de julio. “En este día de 1936, oficialmente, se inicia en toda España un alzamiento cívico-militar en el que participa la mayoría del Ejército –decía la publicación–. Es un día importante en la historia de nuestra patria, que merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla”. Julio Rodríguez mostró su incredulidad por el texto que criticó duramente, reconociendo su estupefacción y lamentando su publicación: “Vamos p'atrás”. Desde la cuenta oficial de Twitter, el Ejército de Tierra pidió disculpas por considerar al golpe de estado liderado por Franco como un “alzamiento cívico-militar” que merecía “ser recordado” para evitar “que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico”.

         Las fotomontajes de esta semana: La Comuna


Ayuntamientos del cambio.



1     El Jueves: detienen al presidente de la Federación Española de Fútbol. Por otra parte, aquí vemos a Rajoy con “ese señor del que usted me habla”. 

      
“Villar y su hijo organizando un amistoso de la selección en el patio de Soto del Real”.


Las vacaciones de la señora Cifuentes. Como dice Pablo Tilox “Cuando tu trabajo es estar de vacaciones es normal que no necesites vacaciones”.



   Francisco Marhuenda celebra su primera imputación.






El humor de esta semana en la prensa: El Roto, Forges, Peridis, Vergara, Pat, Salazar, Modgi&Maikel, Manel F. Ferrán, Atxe…




















Pep Roig, desde Mallorca: La ministra milagrera, Un nuevo sol en Soto del Real, Los pilares de la Patria bajo sospecha, Nosabeonocontesta, Los corruptos son muy buenos gestores, sobre las aguas... 







Preguntan a Pablo Iglesias sobre Martín Villa, responsable político de la matanza de Vitoria junto a Fraga, condecorado por el Rey en el aniversario de 40 años de las primeras elecciones generales en España, tras la dictadura. Pablo Iglesias sobre Martin Villa en los Desayunos informativos de Europa Press LOLDEMOS
El 18 de enero del 2015, el nuevo director de Comunicación de campaña del Partido Popular hacía alusión a las muertes del franquismo de un modo grotesco. "Están todo el día con las fosas de no sé quién". Pablo Casado Partido Poupular. Jota L POV.
LUCHADORES ANTIFRANQUISTAS HÉROES DE LA DEMOCRACIA! Abogados Progresistas de España.
LATE MOTIV - Monólogo de Andreu Buenafuente. “Vida inteligente” | #LateMotiv260 Late Motiv  
"Puro de Oliva" es el nombre del nuevo espectáculo de Spanish Brass con el gran pianista Chano Domínguez. Chano Domínguez & Spanish Brass.- "PURO DE OLIVA" Spanish Brass

sábado, 22 de julio de 2017

El debate de las pensiones.

La sostenibilidad de las pensiones.

El Gobierno de Mariano Rajoy pretende ordenar el debate de las pensiones e ir buscando soluciones con un mínimo consenso político, social y económico. Las pensiones mueven ya más del 10% del PIB español, dos puntos por encima del nivel previo a la crisis, de ahí su importancia para la cohesión social.

“Una voz que se abre paso –escribe José Luis Gómez,  en el artículo ‘El debate de las pensiones’, publicado por EuropaPress– es la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que apenas ve margen de aumento con los actuales niveles de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Nada nuevo en el titular pero sí en la argumentación, que es peor todavía. Si se aplica el índice de revalorización de pensiones IRP, introducido en el sistema a fin de hacer sostenibles las cuentas –léase sin seguir la evolución de la inflación–, y se liga a una fórmula que conjuga los datos de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social de los últimos 5 años, más las previsiones de evolución de los mismos en los próximos cinco años y las previsiones de altas y bajas en el sistema y de la prestación media, las pensiones bajarían un 2,96%. Es más, la AIReF calcula que este índice seguiría siendo negativo hasta 2022”.

“Lo fundamental está, por tanto, en la sostenibilidad del sistema, que tiene problemas estructurales, que se acentuarán a partir del 2020, cuando se jubile masivamente la llamada generación del baby boom y los nuevos trabajadores con salarios devaluados tengan que mantener el sistema. Las reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Zapatero (2011) y de Rajoy (2013) –retraso de la jubilación hasta los 67 años, cambio de la base de cálculo de 15 a 25 años, aplicación del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019–, harán que los nuevos pensionistas tengan prestaciones más bajas que los actuales. Tanto, que se estima que, en 2030, las pensiones estarán en niveles de 2013”.

“Urge, pues, un nuevo Pacto de Toledo –concluye Gómez– donde se expliciten reformas de calado que traten asuntos como la separación de las pensiones contributivas de las que no lo son, la financiación con impuestos además de las cotizaciones y la adaptación de determinadas pensiones –orfandad, viudedad, etcétera– a la realidad del siglo XXI. No queda otra”.

viernes, 21 de julio de 2017

Un barco racista de la extrema derecha patrulla el Mediterráneo.

 Barco racista con el que la extrema derecha patrullará el Metierráneo.


La embarcación C-Star, alquilada por el movimiento xenófobo, “Defend Europa”, dificulta las labores de rescate de las ONG que socorren a las personas migrantes, a las que acusa de traficar con personas. Su premisa es “Defender Europa” de esta supuesta temible invasión. “Estamos perdiendo nuestra seguridad y nuestro modo de vida y corremos el peligro de que los europeos se conviertan en una minoría en sus propios países”. Con este mensaje xenófobo y, tras varios meses de campaña, colectivos ultraderechistas de varios países europeos, agrupados bajo el paraguas del movimiento “Generación Identitaria, han conseguido fletar un barco que se sumará a los que ya patrullan el Mediterráneo en busca de vidas que salvar. Sólo que este barco no llevará a los inmigrantes y refugiados que rescate hasta Italia o Grecia, sino que los devolverá a las autoridades libias.

Defend Europe explica en su página web que organizaciones como “Médicos Sin Frontera”, “SOS Mediterranée” o “Proactiva Open” Arms no son más que meros colaboradores de las mafias que trafican con personas y su misión es desenmascararlas. Consiguió recaudar más de 100.000 euros mediante donaciones anónimas a través de Internet. PayPal bloqueó su cuenta de donaciones el pasado junio y su cuenta corriente en la entidad bancaria Steiermärkische Sparkasse. Aun así, este movimiento racista consiguió la financiación necesaria para alquilar un barco, de 40 metros de eslora, contrató una tripulación y sigue pidiendo dinero a los “patriotas” europeos para “permanecer en el Mediterráneo el máximo tiempo posible”.

Aunque en su web aseguran que su participación no supondrá nunca la muerte de personas y que el C-Star no bloqueará ninguna embarcación en operación de rescate, lo cierto es que el líder del Movimiento Identitario de Austria, Martin Sellner, una de las caras más visibles de la iniciativa racista, ha asegurado que “se deberían bloquear los barcos que van a la costa libia” para rescatar inmigrantes y trasladarlos a Italia. Y, aunque afirman que ellos no tienen ningún tipo de filiación política, su movimiento nació a principios de siglo en Francia como las juventudes de un partido de ultraderecha. Su discurso, anti islam y anti inmigración, encontró a seguidores entre la juventud de otros países europeos a medida que la crisis económica hacía estragos en las clases medias y bajas del continente. Una década después, Generación Identitaria ha visto crecer su movimiento en países como Italia, que recibe a la mayoría de inmigrantes que atraviesan el Mediterráneo; pero también en Alemania, donde contribuyó al despegue del movimiento xenófobo Pegida, o Austria.

“El Fiscal General tiene competencia de instrucción y puede ordenarle a la Guardia costera y a la Guardia Civil que actúen contra esta  iniciativa  completamente ilegal que va contra el derecho español y el derecho internacional”, explica en una conversación Estanislao Naranjo, abogado firmante de la denuncia contra la embarcación C-Star. “Lo ponemos en conocimiento de las autoridades judiciales para que ejerzan sus funciones, actúen  e impidan que este grupo lleve sus planes a cabo. O  si los cometen, que sean detenidos”, prosigue el representante. En este sentido, la red señala, por un lado, la posibilidad de que la nave atraviese aguas jurisdiccionales españolas y, por otro, apela al principio de justicia universal, es decir,  la capacidad de los jueces españoles para investigar y juzgar crímenes de derecho internacional cometidos por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y subrayan que estos actos buscan “atacar a personas víctimas de un conflicto armado, atentar contra los derechos de las mismas y sus embarcaciones” e invaden competencias al “instituirse en una suerte de organización paramilitar que obvia los acuerdos de Frontex y los organismos internacionales, de forma que pone en riesgo las vidas de las personas que huyen de los conflictos bélicos”.