domingo, 11 de noviembre de 2018

El Supremo, con la Banca, quiso ganar al Gobierno y a las Cortes.

El círculo vicioso. 

Qué sucede cuando el poder (ejecutivo) y el poder (legislativo) corrigen al poder (judicial). O, lo que es lo mismo, ¿qué ocurre cuando el poder judicial se enfrenta abiertamente a los otros poderes? ¿Somos, acaso, mercancías en manos de jueces y de banqueros?, tal como rezaba el lema de las manifestaciones que se convocaron el 15 de mayo de 2011 en más de 40 ciudades de todo el Estado y que, en Madrid, fue especialmente numerosa, dando lugar al nacimiento del movimiento 15-M. “Desde entonces -explica Sato Díaz en Cuartopoder, el ‘régimen del 78’ ha sufrido grietas más profundas. A la económica y social que se arrastra desde la crisis y que ha aumentado estrepitosamente la desigualdad económica entre los más ricos y los más pobres, se le sumó la territorial… Y, si el 15-M sirvió para manifestar la falta de confianza en la ciudadanía hacia políticos y el sistema financiero, ésta se ha extendido por el resto de instituciones y poderes del Estado y, desde hace unos meses, se focaliza en la Justicia”.  “Un sistema que se desmorona” –titulaba Víctor Chamizo el pasado 23 de octubre desde Rompamoslosgrilletes.wordpress.com–. Ya no puede caer más bajo: el Poder Judicial al servicio de la oligarquía financiera. Hasta la fecha se trataba de una especie de presentimiento, de una conjetura, de una sensación que muchos albergábamos y denunciábamos en artículos, o comentábamos en nuestros círculos de amigos. Pero, ahora, después del comportamiento del Tribunal Supremo, se trata de una evidencia. Han sido suficientes algunas horas para que el Tribunal Supremo frene en seco su propia sentencia. Ha bastado que la banca ponga el grito en el cielo para que todo se paralice. ¿Alguien piensa que, de este modo, la ciudadanía puede creer en el Sistema Judicial Español? ¿Dónde está el rey para defender la igualdad de todos los españoles ante la ley? ¿No se asoma hoy a las pantallas, a decirles a todos los ciudadanos que se debe cumplir la ley, que no va a permitir que se vulneren los sagrados principios constitucionales? Cuanto más avanzamos en esta farsa de democracia que el pueblo español se otorgó en el 78 más se observa lo corrompida que está. La podredumbre del sistema se hace cada vez más ostensible(…)Se hace imprescindible, cada vez de un modo más meridianamente claro, una revisión de la Constitución, del modelo de Estado, y una renovación de las más altas instituciones. El sistema se está desmoronando a pedazos”.

      El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes (d), junto al magistrado, Luis María Díez-Picazo.

Pero, para mejor comprender este caso, cabe volver un poco atrás. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió el pasado martes la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, por su “gestión pésima” del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de “bochornosa”. Enrique García, portavoz del organismo, se pronunció así después de conocer que el Tribunal Supremo acordaba que fuera el cliente quien abonase el impuesto de AJD vinculados a la firma de una hipoteca, con lo que daba un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, por su “gestión pésima” del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que concluía con una sentencia favorable a los bancos que calificó de “bochornosa”. Así lo declaró Enrique García, portavoz del organismo, después de conocer que el Tribunal Supremo hubiese acordado que fuera el cliente quien abonase el impuesto de AJD vinculados a la firma de una hipoteca, con lo que daba un paso atrás en la reciente doctrina, que imponía a la banca el pago de este gravamen. La organización de consumidores consideró que esta sentencia ponía en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca y que creaba una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad. “Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad”, decía en un comunicado. No obstante, la organización esperaba que, al igual que había sucedido en el caso de las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rectificase la sentencia del Supremo. Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE), calificó la sentencia de “barbaridad” y auguró que “la justicia europea volverá a sacar los colores a la justicia española”. La asociación considera que esto es una victoria “pírrica” de la banca y continúa defendiendo el derecho de los consumidores a reclamar los gastos de la hipoteca. Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), tildó de “indignante” la rectificación del Tribunal Supremo, al que acusó de plegarse a los intereses y la “presión del lobby financiero e inmobiliario”. Delgado insistió en que la actual legislación “da sobreprotección a las entidades financieras y no protege a las familias” y considera que “es una estafa hipotecaria”.

Pedro Sánchez con la vicepresidenta, las ministras de Hacienda y Economía, y el de Fomento, analizando el fallo de las hipotecas. 

El mismo miércoles, el presidente Sánchez anunció una ley para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos y pidió que el Supremo reflexione. En una inusual rueda de prensa anunció las medidas del Gobierno. Dijo que “creía y esperaba” que la modificación legislativa no repercutiese en los clientes”. Y que modificaría la ley a través de un decreto para que “nunca más” los clientes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas. Sánchez también anunció la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes ante posibles abusos y la mejora de la “capacidad de resolver” conflictos. “Queremos -aseguró el presidente- que nunca más los españoles paguen este impuesto sino el sector financiero”. Sánchez “lamentó” la sentencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, las tres semanas de incertidumbre que se prolongaron desde el primer fallo de este alto tribunal el pasado 19 de octubre, cuando decidió exactamente lo contrario. Una situación que “no ha sido positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni, sobre todo, para los ciudadanos”. Aseguró que “esperaba y deseaba” que los bancos no repercutan finalmente ese impuesto sobre los clientes por la vía de subir las comisiones. Y apeló a “la responsabilidad del sector financiero” para que no lo hagan.  Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció el mismo día que si se convierte en presidente del Gobierno hará una “revolución fiscal” que incluirá la supresión de impuestos como el de Actos Jurídicos Documentados que ahora está en cuestión. 

       Jueces para la Democracia pidió la dimisión de Lesmes y de Díez-Picazo.

Tras la decisión del Supremo de las hipotecas, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura emitió un comunicado en el que reconoce la “lamentable gestión” del asunto y considera “comprensible que haya causado desconcierto en la opinión pública y un profundo malestar en quienes se ven afectados por su contenido”. Jueces para la Democracia pidió la dimisión de Lesmes y de Díez-Picazo. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) solicitó el mismo martes la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, tras conocer la decisión por la que este tribunal, totalmente fracturado, fallaba que fueran los clientes quienes asumiesen finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados -impuesto sobre hipotecas-. La asociación señala en su cuenta de Twitter: “Discrepamos del modo que el TS ha gestionado el asunto de las hipotecas y por el daño a los ciudadanos y a la justicia. Pedimos la inmediata dimisión de Lesmes y Díaz-Picazo y apelamos al parlamento para que actúe en defensa de los consumidores”. Por su parte, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente reprocharon a Lesmes y los magistrados de la Sala una gestión de la crisis que ha hecho emerger “dudas razonables” sobre la independencia del Alto Tribunal ante los poderes financieros. 

  Iglesias dice que las medidas anunciadas por el Gobierno no son suficientes.

Pablo Iglesias pidió que se devolviese el dinero a los ciudadanos que ya habían pagado el impuesto: “La propuesta del Gobierno está bien, pero no basta. La actuación del Gobierno es insuficiente”. “Los bancos tienen suficiente poder para incrementar el coste de la hipoteca en igual cantidad”, declaró Alberto Garzón. Albert Rivera cree que el Supremo se ha “pegado un tiro en el pie” y le reclama “autocrítica”. El líder de Ciudadanos reconoce que la decisión del Tribunal Supremo ha creado una “conmoción social” y que, con este “escándalo”, se ha “autolesionado” su credibilidad. Reclama al tribunal de Justicia “autocrítica” y pide “unidad” para buscar con urgencia cambios legislativos para que sea la banca la que pague el impuesto de las hipotecas. 

      La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la de Educación, Isabel Celaá y el de Fomento, José Luis Ábalos 

El Consejo de Ministros aprobaba el jueves el real decreto para que sean los bancos los que paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba, además, un golpe más a la banca: este gasto no podrá deducirse en el Impuesto de Sociedades. “El gasto -dijo la ministra- no será deducible por parte del prestamista.”. Y lamentó el cambio de criterio del Supremo, que después de semanas decidía devolver la obligación al cliente, “generado una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el propio mercado inmobiliario”. “La compra de una vivienda es un gran plan de inversión y de vida que debe contar con seguridad política”, aseguró el presidente Sánchez, enfatizando que los cambios legales buscarán, además, “salvaguardar el principio de igualdad entre los ciudadanos”. Y lamentó la sentencia del Tribunal Supremo, sobre todo, las tres semanas de incertidumbre que se han prolongado desde el primer fallo de este alto tribunal el pasado 19 de octubre. Una situación que “no ha sido positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni, sobre todo, para los ciudadanos”. Desde el próximo lunes, 12 de noviembre, las entidades bancarias tendrán que empezar a pagar el impuesto a las hipotecas, después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo pone así en marcha la modificación anunciada para evitar que sean los ciudadanos quienes hagan frente a ese gravamen como estableció el Tribunal Supremo, en su polémica decisión. El presidente del Ejecutivo aseguró que “espera y desea” que los bancos no repercutan ese impuesto sobre los clientes por la vía de subir las comisiones. Y apeló a “la responsabilidad del sector financiero” para que no lo hagan. Pero el jefe del Ejecutivo no respondió si el Gobierno podría impedir que termine siendo así.

       El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Manuel Marraco recuerda en El Mundo: “Lo único bueno del Pleno es que ya ha acabado, dijo un magistrado de la Sala Tercera con tono socarrón. Intentaba sacarle algo de humor a una situación a la que nadie en el Tribunal Supremo le ve ninguna gracia. ‘Muchos salimos del Pleno muy tristes. Cambiar de jurisprudencia dos veces en 15 días deja una sensación muy mala. Esto es tremendo’, afirmaba otro miembro veterano de la Sala, que reconoce no haber vivido una crisis así antes en el Alto Tribunal. Preguntando en el Supremo, lo más fácil es encontrar críticas a la gestión de su presidente, Luis Díez-Picazo, en particular a su convocatoria del Pleno. Pero algunos magistrados extienden ya las críticas a algunas reacciones públicas a la decisión del martes. ‘Parece que si votas a favor del banco eres un canalla y si votas a favor al consumidor, no. Eso es muy populista. Como si nos quisieran coaccionar. Que si no hacen ustedes lo que yo quiero le armo un pollo en la calle. ¿Entonces para qué estamos nosotros?’, dice un magistrado que respaldó ‘una jurisprudencia consolidada de 30 años’. Y sitúa la responsabilidad inicial en la Sección Segunda, que ‘sin motivo suficiente’ cambió ese criterio. ‘Nos hemos metido nosotros solitos en el lío’, se lamenta. En la lista de responsables aparece rápido el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ex mentor de Díez-Picazo y cuya petición de que aclarara la sentencia desembocó en una convocatoria de Pleno de la que no era partidario”. Sin embargo, según Juez Fernando Presencia, en Diario 16, “Carlos Lesmes y Díez-Picazo lo tenían todo planeado de antemano. Sabían que la sentencia de la sección 2ª iba a ser desfavorable a la banca y decidieron no intervenir, para poder avocar al Pleno después.  Y las disculpas públicas de Lesmes reconociendo que hubo una mala gestión en el asunto de la sentencia de las hipotecas fue en realidad un paripé. Carlos Lesmes remataría después el paripé anunciando públicamente en una nueva rueda de prensa que la culpa la tenía el legislador, por la supuesta oscuridad e insuficiencia de la Ley.”.

La 'consellera' de Presidencia, Elsa Artadi.

El Govern denunciará ante la Fiscalía General del Estado al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y al de la Sala tercera contenciosa administrativa, Luis Díez-Picazo, por la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas ya que considera que cometieron un delito. Así lo anunciaron el pasado viernes la portavoz del Govern y 'consellera' de Presidencia, Elsa Artadi, que sostuvo que la Fiscalía debe investigar a los “responsables” de la sentencia. La denuncia se presentará el el próximo martes, tras la reunión. Artadi afirmó que hay una “posible existencia de hechos delictivos”, ya que considera que el cambio de criterio del Supremo sobre este tema supone una violación de las propias leyes de funcionamiento del tribunal.

La jueza, Ángela Murillo.

Coincidiendo con estos hechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la jueza Ángela Murillo no debió volver a juzgar a Arnaldo Otegi por sus salidas de tono y sus comentarios despectivos. Según EFE, sus comentarios despectivos durante un juicio ya la invalidaron para ello y haber permitido que le juzgara después por tratar de restaurar la ilegalizada Batasuna solo ha servido para sacar los colores a la Justicia española. Sus salidas de tono con el exportavoz de Batasuna provocaron que el Tribunal Supremo anulara la condena de dos años de cárcel que le impuso la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside Murillo, por homenajear al preso de ETA José María Sagarduy. El Supremo ordenó repetir el juicio con un nuevo tribunal al estimar que se “prejuzgó” su culpabilidad, al preguntarle la magistrada si condenaba la violencia de ETA. La vista se celebró de nuevo y finalmente resultó absuelto. Fue en ese juicio, celebrado en enero de 2010 y después anulado, cuando Murillo y Otegi se vieron por primera vez las caras y, desde el comienzo de la vista, la magistrada logró robar el protagonismo al acusado con sus sorprendentes comentarios. “A mí como si bebe vino”, fue uno de los primeros exabruptos que, en tono jocoso, dirigió Murillo indirectamente a Otegi cuando su abogada, Jone Goirizelaia, preguntó al tribunal si podía acercarle una botella de agua a su cliente, que entonces se había declarado en huelga de hambre. Pero no fue hasta que concluyó el interrogatorio cuando lanzó la frase que llevó a la anulación del juicio. La magistrada hizo uso de su potestad para plantear preguntas a los acusados y emplazó a Otegi a decir si condenaba “rotundamente” la violencia. “No voy a contestar”, contestó el dirigente 'abertzale', a lo que Murillo reaccionó diciendo: “Ya sabía yo que no iba a responder”, a lo que Otegi replicó: “Y yo que iba a hacerla [la pregunta]”.

      Estrasburgo da la razón a Otegui y condena a España por no darle un juicio justo.

Pese a este precedente, Murillo volvió a formar parte del tribunal que juzgó a Otegi por tratar de reconstruir Batasuna a través de la organización Bateragune. Ni la Audiencia Nacional ni después el Supremo y el Tribunal Constitucional admitieron la recusación que planteó contra ella Otegi. Según dictaminó la Audiencia Nacional, ni la pregunta de Murillo “ni su comentario pueden constituir juicio alguno de valor en relación a lo que ahora es objeto de este procedimiento, con lo que no cabe temer que exista una contaminación objetiva por haber exteriorizado una opinión previa”. La decisión, después refrendada por el Supremo y el TC, contó con el voto discrepante del magistrado ya fallecido Javier Martínez Lázaro, que consideró que la recusación debió ser aceptada porque esa pregunta a Otegi “implicaba un juicio previo sobre el posicionamiento del acusado en relación con la lucha armada”. De este modo, una Murillo respaldada por los tribunales españoles volvió a juzgar a Otegi, motivo por el que ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España, al considerar que, con el precedente que ya existía, debió ser apartada del caso Bateragune.

 El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui.

David Bollero escribe en Público: “El día que Otegi se convirtió en víctima”. En el mismo, dice: “No sé qué suena más fuerte, sí que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo o que España, esa democracia de la que tanto presumen algunos, violó el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos (derecho a un juicio justo). Las dos afirmaciones parten de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, a buen seguro, que habrá provocado que las hordas aborregadas acusen a este tribunal de nido de etarras. Tanto Otegi como otros cuatro dirigentes abertzales (Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería y Arkaitz Rodríguez Torres) son víctimas de la parcialidad de la Audiencia Nacional y, más concretamente, de la magistrada Ángela Murillo. Hoy no serán pocas las personas que carguen contra Estrasburgo, que lancen los más obscenos exabruptos y, por supuesto, que lo califiquen de etarra. Cuando lo hagan, se equivocarán, porque si contra alguien tienen que cargar es contra la magistrada Murillo, que ella sola con su parcialidad se ha encargado de echar por tierra una sentencia que, de no haber estado ella, seguramente habría sido la misma… pero no todo vale”. Bollero recuerda que “no somos una democracia moderna y no lo seremos mientras no se cambien mentalidades que, por ejemplo, nos mantienen cautiv@s de una Constitución caduca. “El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a tirar por tierra a la Justicia española, precisamente, en un momento en el que se cuestiona si los políticos catalanes encarcelados merecen o no serlo. ¿Está existiendo también parcialidad en esta cuestión? Lo cierto es que, en el caso de los Jordi, por ejemplo, hablar de ‘presos políticos’ está más que justificado… incluso en las filas populares, pese a tratar de tener bien atado su argumentario, les falle el subconsciente, como le sucedió recientemente a su vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto cuando, en una entrevista en Cadena SER habló de ‘preso político’ para referirse a Junqueras. Así pues, queda encima de la mesa el cuestionamiento de la Justicia en ese procedimiento y, en lo que a Otegi se refiere, el posible levantamiento de lo que resta de su condena (aunque los seis años y medio en la cárcel que le han robado por un juicio injusto no se los devolverá nadie) podría habilitarlo de nuevo para cargo público… Y eso, repito, no es culpa de Estrasburgo, sino única y exclusivamente de la Audiencia Nacional y de la magistrada Murillo. Carguen las tintas contra ellos porque son los que han convertido a Otegi en víctima”


Eco Republicano asegura que ha ganado la Banca: el Supremo acuerda que los clientes paguen el impuesto de las hipotecas. Los jueces del Pleno de lo Contencioso-Administrativo han acordado por 15 votos a 13 que sean los clientes quienes hagan frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no los bancos. Entre las primeras reacciones, destacan la del Coordinador General de IU, Alberto Garzón, quien carga duramente contra la decisión del Tribunal Supremo y, a través de su cuenta en Twitter, se pronuncia duramente contra la decisión del Tribunal Supremo: “¡Qué bien le sale a la banca chantajear al poder judicial! ¡Qué bien relacionados algunos jueces del Supremo, que hacen de todo menos justicia! Indignante, lamentable, un despropósito impropio de una democracia: el Supremo decide que pagan los clientes. Los bancos privados son unos ladrones, el principal enemigo de las democracias y los responsables de saquear nuestras economías. Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado. ¿Qué podríamos esperar de una institución, el Tribunal Supremo, que está presidida por un ex alto cargo del gobierno de Aznar? ¿Qué esperar de una ‘Justicia’ que es dura con el pobre y mansa y vendida con el rico?”, se pregunta.

"Puñetas" Supremas.

Legná ed al Zurc publica, en LQSomos, el siguiente artículo titulado “Puñetas Supremas”, que lleva por subtítulo: Los JUECES de la BANCA siempre al servicio SUPREMO del CAPITAL. Dice así:
Ante la decisión de los 28 “puñetas” de la Sala III en torno al problema de quién debe abonar el impuesto de “los gastos jurídicos documentados”, derivados de las firmas de hipotecas, cabe preguntar:

• ¿Cuánto perciben de sueldo medio al mes?
• ¿De qué gabelas disfrutan?
• ¿De cuantas hipotecas son rehenes? ¿En qué cantidades?
• ¿De qué bienes y patrimonios inmobiliarios gozan?
• ¿Cuántos de ellos llegaron en la época del “fuero de los españoles”?
• ¿Padecen exámenes periódicos a su preparación e idoneidad?
• ¿Cuál es su Edad Media? ¿Con cuántos años se jubilan?
• ¿Hay algún republicano?
• ¿Cuántos aconfesionales, laicos, ateos, herejes o materialistas dialécticos?
• ¿Son todos varones?
• ¿Hay algún gitano, emigrante, llegado en patera o discapacitado cerebral?
• ¿Disponen de plan de pensiones privados?
• ¿Han dedicado algo de su regalado tiempo al servicio de la Humanidad?
• ¿Son incompatibles con otros momios? ¿Han recibido cohechos o ´convolutos`?
• ¿La prevaricación nace con el cargo o se hace?
• ¿Alguno de ellos -alguna vez-, ha sido sancionado, dimitido o cesado?
• ¿Quién juzga a los juzgadores?
• Un voto decisivo: el de Luis Díez-Picazo, licenciado por la UAM y doctorado en Bolonia
• Montesquieu: ¿Separación de poderes o de funciones?
• En un estado burgués / capitalista la función judicial ¿a quién sirve?

Duda: los impuestos de los cuatro años anteriores ¿los podrían cubrir estos sujetos uniformados?


Juan Carlos Monedero titula en Público “Un Tribunal poco Supremo”, en el que escribe: “Convirtámonos en gobernantes por un instante. Imaginemos que somos los responsables políticos de nuestro país. Y que tenemos un compromiso con la democracia. Tenemos que gobernar y hay que hacer ciertos gastos. Hay que escoger en qué gastar unos recursos que siempre son escasos. La democracia no es barata. ¿No habría que empezar garantizando el Estado de derecho? Porque ¿qué es antes, la democracia o el derecho? La verdad es que vienen casi de la mano. El derecho que no está comprometido con la igualdad es un sistema legal, pero no es un sistema de justicia. Preguntémonos entonces: ¿cuánto habría que invertir en construir un Estado de derecho? Porque el Estado de derecho es, quizá, la expresión más compleja de la institucionalidad de un país. Incluso de un país capitalista. El Estado de derecho presupone un sistema judicial confiable y bien preparado. Hay que garantizar la propiedad privada, las transacciones comerciales, el futuro. Ahí están las universidades, las escuelas jurídicas y, claro, las relaciones con otros sistemas judiciales. El Estado de derecho implica policías, cárceles, abogados. Y jueces. Por supuesto, también una Constitución. Que es aprobada por un pueblo informado. Hacen falta también, entonces, medios de comunicación. Son mil piezas de un puzzle enorme. ¿Cuánto hay que invertir para contar con jueces honestos comprometidos con la Constitución? ¿Cuánto tiempo necesita un país para formar a hombres y mujeres honrados? Un Estado de derecho necesita una jerarquía jurídica que garantice la posibilidad de reclamar. Para que la pregunta “quién vigila al vigilante” tenga respuesta.  ¿Cuánto dinero cuesta armar ese ejército de gente comprometida con la idea de igualdad en la que reposa la Constitución? En España, todo eso, parece que cuesta menos de los 5000 millones que los bancos tenían que devolver a los ciudadanos por haber cargado sobre los clientes los impuestos de las hipotecas. Sobre esos ciudadanos que creen en la Constitución, en los jueces y en la jerarquía del poder judicial”.


Y Monedero termina recordando: “Jueces honestos, por tres veces, dijeron que los que ganan dinero con una transacción son los que tienen que pagar los impuestos. Pero los bancos, que llevan mucho tiempo invirtiendo en el PP y en Ciudadanos, no quieren malgastar su dinero. Y han comprado el Estado de derecho por 5000 millones. Nuestra democracia hoy se ha arrodillado gracias a 15 jueces del Supremo. Y encima, el mismo día, Europa nos dice que contra el mundo abertzale el Estado de derecho tampoco valía. Luego salen los reyes, el Emérito o el preparado, a decirnos que la justicia es igual para todos. Para el que roba un bocadillo o roba 5000 millones. Para los políticos catalanes en prisión o para los que tienen la connivencia de los altos tribunales. Hoy quizá se entienda un poco más por qué decimos que en España la judicatura se acostó franquista y se despertó demócrata. Vamos, que les regalamos la condición de tales. Y que así, la democracia no está a la altura”.

 Las fotomontajes más sorprendentes de esta semana:

 Resumen de lo del TS. @eldelteto


Resumen de lo del TS. @eldelteto

La Banca gana. @unmundolibre.

 @iNKuBo_Punk

La nueva sucursal que hace justicia. La banca gana. @El_TylerDurden

 El Supremo y sus presiones.



El Jueves. Los jueces del Supremo llevarán publicidad de bancos en sus togas. 





Así respondía la actriz Anabel Alonso a la noticia de que Mario Vargas Llosa debería 2 millones de euros a Hacienda. Está claro, cuanto más patriota es uno, más le debe a Hacienda. 

Hacienda reclama más de dos millones de euros a Mario Vargas Llosa.



El humor en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, J. R. Mora, Vergara, Malagón, Manel F., Pat, Pedripol…


















 El acta de diputado... ya tal.
 La banca y las cosas claras.




Pep Roig, desde Mallorca: Entrevista en el más allá, Supremaciadas, El que soborna el último, soborna mejor, De la sopa boba, Hastío, Pesar, Humor en libertad vigilada en el país de Ofendidos…







Los vídeos de esta semana: El mensaje de Sánchez al Tribunal Supremo: "Tienen que hacer autocrítica" La voz de Iñaki | 7/11/18 | Una enfermedad muy grave Polònia - 08/11/2018 Y las vacas vuelan